Como parte del proceso licitatorio, todas deben entregar sus concesiones en el 2020, según una Resolución del Ministerio de Transporte de la Nación publicada en el Boletín Oficial publicada en diciembre del año pasado.
Sin embargo, se habla de la posibilidad de ampliar ese período hasta mayo del 2021. Es decir, sumarle un año ante la eventual posibilidad de que todo el proceso licitatorio se atrase o se congele por el cambio de escenario político.
Lo concreto hasta el momento es que la Administración General de Puertos (AGP) que comanda Gonzalo Mórtola aplazó hasta el próximo 2 de diciembre la apertura de los sobres con las ofertas que en el cronograma inicial se iban a conocer el 2 de octubre. Una determinación con buen criterio y, aunque el funcionario no lo diga, vinculada a la coyuntura política y electoral actual.
Este cambio es el que más ruido ha generado en el mercado, en especial teniendo en cuenta que se conocerán los nombres de los grupos candidatos a quedarse con el negocio ocho días antes de que, si el proceso electoral se mantiene como los resultados de las PASO, Alberto Fernández se convierta en el nuevo presidente de los argentinos.
Mórtola desestimó cualquier posibilidad de cancelar la licitación y sostuvo que la transformación de la actividad en el puerto porteño se trata de una política de Estado que debe trascender a los gobiernos de turno.
«La licitación marcha tal cual la hemos establecido y si corrimos la apertura de los sobres fue para hacer caso a un pedido de los candidatos que pidieron más tiempo para analizar los pliegos», agregó el titular de la AGP.
Sin embargo, fuentes del mercado y de algunos de los grupos que se anotaron para participar de la licitación estimaron que el próximo gobierno pondrá en revisión el proceso, en especial para estudiar los reclamos gremiales y de sectores peronistas que piden modificar las condiciones y hasta en algunos casos proponen dividir las actividades entre dos operadores.
También para escuchar la postura de las pymes, preocupadas por entender que la unificación de la operación provocaría una pérdida de al menos 500 puestos de trabajo. Como ejemplo, argumentan lo sucedido tras la presentación del procedimiento preventivo de crisis de TRP que en julio del año pasado provocó un centenar de despidos.
En los pliegos se explica que el proyecto de modernización de la zona portuaria porteña «tiene como finalidad adaptar su infraestructura al crecimiento del tamaño de buques y a las características del tráfico de contenedores, modificando la configuración centenaria de dársenas y avanzando con la construcción de muelles corridos, entendiendo por tales aquellos capaces de atender de forma eficiente más de un sitio de atraque en simultáneo de buques New Panamax».
