El apuro del Gobierno en lograr el traspaso del Puerto de Buenos Aires a la administración de la Ciudad y la transferencia de terrenos, que habilitarían un negocio inmobiliario millonario, no sólo está vinculada al resultado de las PASO -que preanuncian que Mauricio Macri no podrá retener el poder a nivel nacional- sino también a los movimientos recientes en una causa judicial que tramita en la Corte Suprema en la que se discute la viabilidad de esa maniobra. Es un expediente viejo, iniciado por una demanda del gobierno porteño cuando lo encabezaba el propio Macri y reclamaba el puerto para sí. La Cámara en lo Contencioso, si bien admitió algunos aspectos de la demanda, había dicho que “la Dársena Norte es un bien de dominio público que sirve a intereses federales” y que “dicho inmueble pertenece al Estado Nacional, que lo construyó y lo administra actualmente”. Por eso el procurador porteño llevó el tema a la Corte, con un recurso de queja. El caso está en circulación en el alto tribunal, ahora en la vocalía de Carlos Rosenkrantz y el Ejecutivo lo sabe.
el Gobierno planea que el puerto, que sigue bajo control federal pase a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y lo haría por decreto. El plan incluye la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur, que son más de 110 hectáreas, a un negocio inmobiliario. El combo se completaría con la licitación del Puerto, ya lanzada para el 2 de diciembre, poco antes de que termine el mandato actual. El candidato a prestar servicios portuarios sería la empresa PSA Singapur, que tiene entre los principales impulsores a Nicolás (Nicky) Caputo, empresario amigo del Presidente. Los trabajadores del Puerto de Buenos Aires vienen advirtiendo sobre esta circunstancia y el peligro para más de 3000 puestos de trabajo.
Un eventual fallo de la Corte podría impactar sobre los planes de Macri, según el camino que tomen los supremos, que tienen el expediente desde 2015. El punto de partida de la polémica judicial fue un decreto de 2009 que declaraba la “prescripción adquisitiva”, y de ese modo adquiría, la Dársena Norte. El entones procurador proteño, que era Pablo Tonelli, vio la posibilidad de una jugada y planteó que si el decreto planteaba la adquisición por la prescripción, era porque el puerto antes no había pertenecido al Estado nacional. Además, señalaba, en nombre de la (CABA) que los bienes de dominio público no se podrían adquirir por prescripción. En primera instancia y en la cámara del fuero contencioso administrativo hubo discusiones por la legitimación del fuero porteño. La Cámara convalida la nulidad del decreto 551/09 pero a la vez dice que pertenece al Estado nacional. Dice específicamente que es un bien de dominio público que sirve a intereses federales, pertenece al Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires no es su titular. La Procuración General opinó ante la Corte, a favor del gobierno porteño que los camaristas se excedieron en su jurisdicción y afectaron el derecho de defensa. El dictamen no es vinculante.
En la Corte, la causa ya pasó por cuatro vocalías, aunque el tribunal mantiene fuerte hermetismo sobre las posiciones. Es un caso que está en la recta final y que podría resolverse antes del traspaso de mando. El Gobierno de Macri busca adelantarse a una decisión. Todas las miradas están puestas en el despacho de Rosenkrantz, el más afín al gobierno de todos los jueces del tribunal, y el tiempo que se tome para fijar posición.
