Según la denuncia, el oficialismo intenta crear una estructura que asegure su continuidad luego del cambio de Gobierno y la transferencia al GCBA.
En el marco de la denuncia penal contra el titular del AABE, Ramón Lanús, realizada el pasado 11 de octubre, APDFA, gremio que representa al Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, realizó este miércoles una ampliación de la denuncia penal a las autoridades de la Administración General de Puertos S.E., organismo a cargo de la Administración de Puerto Buenos Aires.
Según la querella, las autoridades del puerto tienen la iniciativa para modificar la estructura de la empresa, vía decreto presidencial, y crear un directorio que garantice su continuidad en el control del Puerto Buenos Aires luego del cambio de Gobierno del 10 de Diciembre próximo y la posterior transferencia del puerto a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
APDFA señala además que las autoridades del puerto y la Agencia de Administración de Bienes del Estado cometieron delitos como: abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y negociaciones incompatibles con el Ejercicio de la función pública.
En ese sentido, el gremio APDFA solicita que se ordene a los funcionarios cesar los efectos de los hechos ya cometidos y se emita una medida de no innovar sobre el status jurídico de la Administración General de Puertos S.E. – Puerto Buenos Aires, hasta tanto se investiguen los delitos enumerados.
La intención de las autoridades de la Administración General de Puertos S.E. – Puerto Buenos Aires, sería nombrar directores afines con mandato por 3 años, que garantizarían el manejo del proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos portuarios de Puerto Sur y la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires -único puerto federal- al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
APDFA sostiene que el levantamiento de la intervención de la Administración General de Puertos sería una medida saludable, si no se procuraría realizar a escasas semanas de un eventual cambio de Gobierno, excluyendo a los trabajadores del sector en el Directorio, y su trámite “entre gallos y medianoches”, que deja en evidencia su verdadera finalidad, que es transferir el Puerto Buenos Aires al GCBA, la venta de terrenos portuarios para negocios inmobiliarios, el control de un sospechado procesos de licitación y la perpetuidad en el poder de funcionarios políticos
