En un festival de nombramientos en la Administración General de Puertos (AGP), el Gobierno pasó a planta permanente casi 20 gerentes y subgerentes con sueldos que superan los 120 mil pesos. El Sindicato de Guincheros denuncia que se trata de una maniobra para garantizar un «negocio inmobiliario» detrás del traspaso del Puerto de Buenos Aires.
El Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles advirtió que se encuentra en estado de alerta ante los trascendidos de supuestas maniobras para normalizar la Administración General de Puertos (AGP) luego de 30 años, con la creación de «Puerto de Buenos Aires Sociedad del Estado» como paso previo al traspaso del puerto federal al gobierno de la Ciudad. «Hay un negocio inmobiliario que está atrás de toda esta actividad», denunció Roberto Coria, líder del sindicato.
El mecanismo detectado por los gremios portuarios sería el nombramiento de directores afines a la actual gestión de Gonzalo Mórtola con mandato por 3 años, que garantizarían el manejo del proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos portuarios de Puerto Sur e la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
La AGP ya elevó al Ministerio de Transporte el proyecto para la creación de una sociedad del Estado que absorberá al organismo, en lo que se presume, se trata de parte del proceso de transferencia a la Ciudad. Asimismo, en septiembre pasado el Partido Justicialista había advertido sobre la posibilidad de una transferencia de último momento del principal puerto federal, y luego gremios portuarios realizaron una denuncia penal para evitar estas maniobras.
Además de que trascendió un supuesto borrador de Decreto de Necesidad y Urgencia que emitiría el Gobierno antes del 2 de diciembre, la sospecha se despertó por «el festival de nombramientos en la AGP», según señalaron desde Guincheros, a raíz de que se pasó a planta permanente a 19 gerentes y subgerentes con sueldos que superan los 120 mil pesos, los cuales ingresaron como contratados entre mayo de 2016 y diciembre de 2017, bajo la administración de Mórtola.
«Hoy existen tres terminales que administran la carga y descarga de los barcos, y ahora hay un proyecto de dejar un solo operador. No solo las empresas van a quedar afuera: por vencimiento del pliego de licitación, tendrían que desvincular a los trabajadores y pagarles la indemnización porque evidentemente el nuevo proyecto no los contempla«, explicó el Coria y aclaró, «las terminales portuarias más grandes del mundo tienen no más de 600 trabajadores; no nos pueden engañar, una sola terminal deja en la calle a 900 trabajadores. El proyecto del Gobierno es evidente, no existe el operador que vaya a tomar a 1500 trabajadores, achican la operación para luego desaparecer y hacer su proyecto inmobiliario».
«Nosotros esta puja la hemos venido manifestando hace rato, toda modernización, competitividad, todo funcionamiento tiene que ser con los trabajadores adentro. Tenemos un acuerdo de contemplar a la totalidad de los trabajadores en forma directa, que son 1650, pero ese modelo de una sola terminal es un modelo que va a monopolizar la carga, achicar la mano de obra y en determinado momento, como quien dice, va a ser una operador el ?dueño y destino? de esta actividad en nuestro país», sostuvo Coria.
Así, el sindicalista que también es miembro de Comisión Directiva de la Federación Marítima Portuaria y del Industria Naval de la República Argentina (FeMPINRA) y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), detalló el escenario monopólico que plantea el proyecto impulsado por el organismo que dirige Gonzalo Mórtola: «Evidentemente, si vos querés exportar vas a tener que hablar con ellos. Nosotros decimos que la competencia tiene que ser uno o dos, para decir ?si este barco es caro el flete ¿por qué no voy a ir con el otro barco que puede llegar a ser más económico??.Pero en el fondo la matriz es que con dos terminales contemplaríamos a la totalidad de los trabajadores».
«Guincheros no solamente ha presentado a través de sus delegados y a través de marchas y reclamos, sino que ha solicitado a los representantes del Ministerio de Transporte y los políticos que también tienen una visión más exacta que suspendan estos pliegos de licitación que se van a abrir el 2 de diciembre, días antes del inicio de un nuevo gobierno, para discutir un nuevo proyecto de licitación con las pautas que nosotros venimos dando en estos últimos 4 años y tener una visión de cómo va a ser el nuevo puerto de aguas profundas; porque el mundo está cambiando, los barcos ya no son del mismo calado, son cada vez más grandes y tenemos que tener puertos, infraestructura, formación y capacitación de trabajadores para ese desafío», concluyó Roberto Coria.
