La APDFA, gremio que representa al Personal de Dirección de Ferrocarriles y Puertos Argentinos, sostuvo que se buscó una maniobra vía decreto presidencial para que la autoridades sigan en el directorio y controlen la posterior transferencia al gobierno porteño.
A mediados del 2018, el gobierno nacional no quería saber nada con transferir el puerto a la Ciudad de Buenos Aires. Es que el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, no quería dejar de tener esa enorme caja en su esquema. Pero el panorama electoral dio un giro de 180 grados y ahora, con la certeza de que no podrán retener el gobierno nacional, aceleran el proyecto de traspaso del Puerto de Buenos Aires a la Ciudad y la transferencia de terrenos bajo su jurisdicción.
Las autoridades nacionales y del Gobierno de la Ciudad están acelerando los pasos para avanzar, antes del fin del mandato de Mauricio Macri, en dos aspectos de primera relevancia para el oficialismo: la incorporación del Gobierno de la CABA a la administración del Puerto de Buenos Aires (hoy bajo control federal exclusivamente) y la transferencia de terrenos de la zona denominada Puerto Sur (más de 110 hectáreas) al gobierno nacional de la Ciudad con el fin de su explotación inmobiliaria.
Una cuestión que no es ajena a la ejecución de estos proyectos es la controvertida licitación del Puerto de Buenos Aires. Ya está lanzada y tiene fecha fijada para la apertura de sobres de propuestas el 2 de diciembre, apenas una semana antes de la fecha prevista para la conclusión del actual mandato.
En ese marco, la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Puertos Argentinos (APDFA) denunció a las autoridades del Puerto de la Ciudad de Buenos Aires por la creación de una estructura para asegurar su continuidad ante un cambio de gobierno.
En concreto, la APDFA presentaron un escrito contra la Administración General de Puertos S.E., organismo a cargo de la Administración de Puerto Buenos Aires, por la iniciativa para modificar la estructura de la empresa, vía Decreto Presidencial, y crear un Directorio que “garantice su continuidad en el control del Puerto Buenos Aires luego del cambio de Gobierno del 10 de Diciembre próximo”.
La denuncia cita, además, que la medida garantizaría la continuidad ante la posterior transferencia del puerto a la órbita del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación constituye una ampliación que la organización gremial ya labró contra el el titular del AABE, Ramón Lanús, del 11 de octubre.
Los delitos enumerados en la ampliación de la denuncia penal presentada por APDFA contra las autoridades de la Administración General de Puertos S.E. y del AABE son: Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de los Funcionarios Públicos y Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio de la Función Pública.
“La intención de las autoridades de la Administración General de Puertos S.E. – Puerto Buenos Aires, sería nombrar directores afines con mandato por 3 años, que garantizarían el manejo del proceso de licitación de las terminales portuarias, la privatización de los terrenos portuarios de Puerto Sur y la Isla Demarchi para fines inmobiliarios y la transferencia del Puerto Buenos Aires -único puerto federal- al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, sostiene un comunicado de la APDFA.
En ese sentido, el sindicato expresó que el Directorio nombrado por el oficialismo vía Decreto Presidencial, condicionaría a las futuras autoridades y garantizaría la continuidad de las decenas de funcionarios políticos nombradas en cargos jerárquicos.
La denuncia penal de APDFA solicita que se ordene a los funcionarios cesar los efectos de los hechos ya cometidos y se emita una medida de no innovar sobre el status jurídico de la Administración General de Puertos S.E. – Puerto Buenos Aires, hasta tanto se investiguen los delitos enumerados.
La organización gremial sostuvo que el levantamiento de la intervención de la Administración General de Puertos sería una medida saludable, si no se procuraría realizar a escasas semanas de un eventual cambio de Gobierno, excluyendo a los trabajadores del sector en el Directorio, y su trámite “entre gallos y medianoches”, que deja en evidencia su verdadera finalidad, que es transferir el Puerto Buenos Aires al GCBA, la venta de terrenos portuarios para negocios inmobiliarios, el control de un sospechado procesos de licitación y la perpetuidad en el poder de funcionarios políticos”.
