El proyecto de Dietrich era cederle la operación del puerto a un sólo concesionario, vinculado a Nicolás Caputo, y ceder los terrenos que liberaría a la Ciudad para un negocio inmiobiliario. Fracasó tras la denuncia de la maniobra.
A dos semanas de finalizar su mandato, el gobierno nacional debió desistir de la intención de privatizar la operación del puerto de Buenos Aires, modificando su actual estructura para favorecer a un único adjudicatario. La licitación estaba prevista para este lunes, 2 de diciembre, pero por una resolución de la Administración General de Puertos del martes pasado (26 de noviembre), de decidió su postergación hasta el 20 de marzo. El ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, debió ceder ante la presión y las denuncias formuladas por la federación de gremios portuarios, que habían puesto en los últimos meses en la vidriera una cantidad de irregularidades, tanto de procedimientos como de contenidos, que hubieran favorecido a determinados grupos con el otorgamiento de la operación del puerto a un único grupo empresario, sino además por la liberación de tierras dando lugar a un millonario negocio inmobiliario. Aobre esto, Página 12 informó en su edición del 22 de septiembre pasado. El acuerdo para la cesión de terrenos portuarios que iban a liberarse en favor del Gobierno de la Ciudad también quedó desactivado, pese a que ya existía un proyecto escrito y listo para la firma.
La marcha atrás con la adjudicación del puerto es uno de los tantos proyectos que el gobierno nacional tuvo intención de apurar en las últimas semanas, pero quedaron truncos. A partir de los resultados de las PASO, el 11 de agosto, el gobierno nacional trató de imprimirle una mayor celeridad a la reprivatización del puerto de Buenos Aires, con un diseño que suponía reducir de tres a uno los operadores de las terminales, el reagrupamiento de los espacios destinados a la carga y descarga y, consecuentemente, la liberación de terrenos que podrían ser utilizados para otro fin. La fecha de vencimiento de las actuales concesiones (terminales 1,2 y 3 en favor de Terminal Río de la Plata; terminal 4 operada por APM Terminal, y la 5 por BACTSSA) es mayo de 2020. Sin embargo la Administración General de Puerto, liderada por Gustavo Mórtola (un egresado de Cardenal Newman vinculado a la Casa de Gobierno) y el ministerio de Transporte habían resuelto concretarla antes del cambio de gobierno.
Con la misma urgencia, se pretendía avanzar en un acuerdo para la cesión de tierras a desligar de la actividad portuaria en favor del Gobierno de la Ciudad, así como en la firma de otro convenio para transferir el puerto de Buenos Aires de la jurisdicción federal a la local del Gobierno de la Ciudad. Evidentemente, existían otros intereses ajenos a «modernizar y mejorar la competitividad del único puerto federal que tiene la Argentina», como dice Mórtola para justificar sus acciones. Una señal en ese sentido lo constituía la activa gestión del empresario, cónsul y «amigo del alma» presidencial Nicolás Caputo, primero para interesar y luego para presentar a la empresa naviera y administradora de puertos PSA, de Singapur, como candidata a adjudicarse la operación unificada del puerto de Buenos Aires. El otro dato relevante es que la liberación de terrenos para su puesta a disposición de un empendimiento inmobiliario suponía la posibilidad de darle continuidad física al proyecto Madero Quartier, en el que justamente interviene la empresa constructora de Nicky Caputo. Ese emprendimiento ofrecerá oficinas y viviendas del más alto nivel, junto al río, extendiendo la superficie de Puerto Madero, la zona más cara por metro cuadrado de la Ciudad.
Pero el pretencioso proyecto de Cambiemos chocó, en el camino, con dos obstáculos que terminaron resultando insalvables. Uno fue la denuncia y difusión de la escandalosa operación en marcha que hicieron propias las organizaciones sindicales de los trabajadores portuarios. La Federación Marítimo Portuaria y de la Industria Naval, Fempinra, que agrupa a una docena y media de gremios que se desempeñan vinculados a la operación portuaria, asumió en forma conjunta la disputa. Inicialmente planteó el peligro que la concentración de la operación en una sola empresa supondría para la estabilidad laboral, calculando que se perderían miles de puestos de trabajo. Más adelante, pasó a la denuncia directa de las irregularidades del trámite licitatorio y la presunciones de los intereses económicos en torno del negocio.
La denuncia llegó al Congreso, donde varios diputados de la oposición se hicieron eco de la demanda y preesentaron pedidos de informes sobre la licitación. Rodolfo Tailhade, Claudio Lozano (mandato cumplido) y Fernanda Vallejos estuvieron entre los más activos. Esta última, junto a los gremios del sector, promovió en la última semana un encuentro para denunciar la maniobra, que terminó resultando una celebración de la marcha atrás del gobierno nacional en la licitación del puerto, anunciada casi al mismo tiempo de dicha actividad. De cualquier modo, hubo acuerdo en el compromiso de promover la construcción de «una política estratégica» para el puerto de Buenos Aires después del 10 de diciembre.
