Un proyecto del senador Jorge Taiana para ampliar la capcidad fluvial del Río de la Plata generó preocupación en el sector marítimo al advertir que uno de los puntos de la iniciativa favorece a una terminal con poca operatoria y que está concesionada a una empresa filipina que tuvo conflictos cuando administró el puerto de Rosario, por falta de pago del canon.
Los cuestionamientos tienen que ver con la operación del Puerto de La Plata por parte de TecPlata del grupo filipino International Container Terminal Services Inc ( ICTSI), que es conocida en el mercado como la “terminal fantasma”.
La terminal platense fue construida en 2008 pero en 12 años no consiguió que ninguna naviera la eligiera como opción mejoradora de lo que ofrece el Puerto federal de Buenos Aires, desde donde se moviliza junto con el Puerto de Dock Sud la mayor parte de la carga de exportación que proviene mayoritariamente del norte de la Provincia de Buenos Aires.
El sector rechaza de plano el proyecto ya que también agrega al recorrido logístico de sus camiones 150 kimóletros de un recorrido en malas complicado para llegar a la terminal de La Plata que actualmente solo recibe 10 contenedores cada 15 días.
Los gremios portuarios, que jugaron un rol trascendental en el reciente acuerdo alcanzado para las prórrogas que fueron otorgadas por dos años a las terminales que operan el Puerto de Buenos Aires, manifestaron con firmeza su rechazo y particularmente su desconfianza con TecPlata y con ICTSI, un grupo con muy malos antecedentes en el país, que incluye un resonante fracaso en la gestión del Puerto de Rosario que concluyó con la caída de la concesión y la pérdida de cientos de fuentes de trabajo.
La relación de ICTSI con el sector gremial es muy mala en todo el mundo, de hecho, la ITF, Federación Internacional de trabajadores del transporte, los ha denunciado reiteradamente por “sus malas prácticas, por la explotación de los trabajadores y el daño a las comunidades donde operan”.
Desde algunos sectores del oficialismo recuerdan que el CEO de ICTSI, Enrique Razón, estuvo reunido a mediados de 2018 con el entonces presidente Mauricio Macri y presionó fuertemente para que el gobierno ejecutara las obras de acceso que faltaban y hacían la terminal inviable por sus dificultades logísticas.
Las mismas fuentes consideran que el Gobierno “no se comprometerá con un proyecto que presente un menú de factores polémicos: el apoyo a una empresa de dudosa reputación, la consolidación de una terminal que fue ignorada por el mercado y un conflicto gremial” con el sector sindical que representa a los trabajadores del Puerto de Buenos Aires.
