Bajo el fuerte sol citadino, los gremios portuarios realizaron una asamblea abierta en las puertas de la Administración General de Puertos, ubicada en el Bajo porteño y vacía de directivos que, desde que El Destape comenzó a publicar el negociado macrista, abandonaron sus oficinas para realizar sus maniobras desde la clandestinidad. Los trabajadores rechazaron la entrega de estas tierras para un meganegociado, advirtieron que avanzarán con una denuncia penal y que, de continuar con la venta, se profundizarán las medidas de fuerza, que podrían llegar a la toma de las terminales.
La Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos – Administración General de Puertos y Puertos Argentinos (APDFA) y la Federación Marítima Portuaria y de La Industria Naval de La República Argentina (FEMPINRA) manifestaron que el Puerto de Buenos Aires es el único federal del país, que transporta el 65% de toda la carga de containers que ingresa al país y el único que conecta con las provincias y economías regionales mediante ferrocarriles. Por ello, su posible traspaso a la Ciudad – hoy son tierras nacionales – destruiría su naturaleza sólo para beneficiar el negociado
Como publicó El Destape, el macrismo busca achicar el Puerto de Buenos Aires, hoy operado por tres empresas, y concentrarlo en manos de una sola compañía, que podría ser internacional. Más precisamente, de Singapur, de dónde es Cónsul Nicolás Caputo, el hermano del alma de Mauricio Macri.
Ese achicamiento permitiría no sólo la conformación de un monopolio difícil de controlar, sino también el traslado de las terminales a una isla construida sobre el Río de la Plata, lo que liberaría el espacio ocupado actualmente para la explotación de un negocio inmobiliario de magnitud. Puerto Madero II.
En ese contexto, la APDFA rechazó un acuerdo que se dio, en agosto, entre el Ministerio de Transporte de la Nación, el Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y el Gobierno porteño, para transferir terrenos portuarios de la zona de Puerto Sur y la Isla Demarchi a manos de la Ciudad, para fines inmobiliarios privados.
Al respecto, Leonardo Salom, Secretario General Adjunto e Interior Ferroportuario, le explicó a El Destape: «En Puerto Sur e Isla de Marchi, el convenio implicaba la venta para fines inmobiliarios lo que se traduce, para el puerto, en una enorme pérdida de financiamiento para todos los proyectos de obra de modernización».
Después del acto, el gremialista agregó: «Presentamos una intimación para que nos den el derecho al acceso a la información pública y que ratifiquen o nieguen si existe el proyecto de ventas o de traspaso de Nación a la Ciudad. El único que contestó fue Transporte, que dijo que va a responder el 30 de octubre, tres días después de la elección. Con lo cual, quiere decir que el proyecto existe».
Incluso, contó que la venta de bienes públicos no es algo novedoso de parte de la gestión, porque «el edificio donde estamos parados fue declarado por Macri un bien ocioso, a pesar de que hay 500 trabajadores en este edificio». Dada la zona en la que está ubicado el inmueble de la Administración General de Puertos, el valor inmobiliario es inmenso.
Ante una concurrida audiencia sobre la avenida Huergo y Belgrano, los gremios manifestaron su rechazo a la licitación prevista para el próximo 2 de diciembre, así como su suspensión porque «no posee legitimidad». Sobre este punto, Salom atinó a decir que el proceso quedará sin efecto, «más allá que hagan un intento desesperado» por completar el negocio.
Según su análisis, «mal que les pese, no les va a quedar otra que cambiar la fecha de publicación para marzo, no sólo porque se va a caer desde el punto de vista jurídico – ya que se trata de un mega proyecto a adjudicar ocho días antes del cambio de Gobierno – sino porque la Federación advirtió que si eso avanzaba» se iba a movilizar y tomar el puerto.
Por eso, avanza con fuerza el traspaso de las tierras del puerto, hoy nacionales, a la Ciudad con el fin de ganar más tiempo para concretar el negociado. Al respecto, el gremialista advirtió que esta semana realizará una denuncia penal contra Ramón María Lanús, presidente de la AABE,por enajenación de tierras públicas.
Incluso, acotó, por ley el Gobierno no podrá vender ni donar estas tierras nacionales. Según la normativa 25.917, en su artículo 15 bis, se plantea que durante los últimos dos trimestres del final de un Gobierno, «estará prohibida cualquier disposición legal o administrativa excepcional que implique la donación o venta de activos fijos».
Los oradores del acto fueron Leonardo Salom, de APDFA, Walter Castro de Astilleros Navales, Hugo Godoy de ATE nacional, Raúl Huerta de Empleados de la Marina Mercante y Juan Carlos Schmidt, de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, quien le dijo a El Destape que están «dispuestos a profundizar las medidas» si el Gobierno quiere avanzar con el negociado.
